Cada día vemos en los medios de
comunicación como cientos de familias se ven de repente en la calle, perdiendo
su vivienda habitual que llevaban años pagando y lo más sangrante es que les
sigue quedando una deuda con las entidades financieras.
No podemos ser ajenos a éste problema y
desde nuestro ámbito local debemos seguir impulsando y poniendo en práctica
medidas para combatir éste drama social.
Drama que se derivada de las consecuencias
de la pasada situación de exceso de oferta en el mercado inmobiliario y de la
crisis internacional, que ha generado situaciones de exclusión social, pobreza
y, en el mejor de los casos, de gran dificultad para muchos de los ciudadanos
que contrajeron préstamos, fundamentalmente con garantía hipotecaria, en la
etapa previa de bonanza y de crecimiento económico.
La crisis económica ha evidenciado serias
disfunciones en este mercado, entre las que destaca por su repercusión
económica la generada por la híper
valoración de los inmuebles, que impulsaron un irresponsable endeudamiento bancario
y un dramático sobreendeudamiento familiar.
No debemos obviar que esta crisis
económica, con su doloroso efecto de
fuerte aumento del desempleo, ha puesto en evidencia el desequilibrio de
los procedimientos de ejecución hipotecaria vigentes y la utilización abusiva
de ciertos aspectos procesales no suficientemente regulados o regulados de una
manera ineficaz.
Desde 2007 se ha producido una situación
prolongada de aumento de la morosidad en los préstamos destinados a comprador
de vivienda, con el consiguiente incremento de las ejecuciones hipotecarias. La
tasa de morosidad de los créditos a hogares para compra y rehabilitación de
vivienda ha experimentado aumentos significativos, pasando desde el 0,43 % de
diciembre de 2006 hasta el 3,07 % de marzo de 2012.
La cifra absoluta de créditos morosos de
los hogares para compra y rehabilitación de vivienda, 19.938 millones de euros a 31 de marzo de 2012, equivalía al 1,86 %
del Producto Interior Bruto en el Estado Español. El crecimiento de aquella
magnitud viene siendo intenso desde el inicio de la crisis del mercado de
vivienda y puede llegar a acelerarse de persistir la situación de recesión de
la economía.
Según la estadística del Consejo General
del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados
iniciaron una rápida expansión desde 2007. Entre 2006 y 2011 se han presentado
396.943 ejecuciones hipotecarias, equivalentes al 10,0 % de las hipotecas
formalizadas a favor del comprador de vivienda en el mismo periodo.
Es necesario que desde los poderes públicos
se den respuestas que sirvan para paliar, las tremendas dificultades por las
que están atravesando personas y familias como consecuencia de la crisis
económica.
Considerando que todo lo
aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero
cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a
los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias
afectadas en busca de ayuda. Así, los derechos fundamentales de sus ciudadanos;
en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son
más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y
familias empobrecidas.
Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda
residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía
administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las
personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente Considerando
que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios -aun más cuando suponen
el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos
niveles de inseguridad que desencadenan en suicidios, en la alteración del
orden público y de la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen
el encargo de mantener la vida de las personas , la seguridad y el orden en el
conjunto del territorio municipal.
El Grupo Municipal Socialista propone al
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
MOCIÓN
.
1. El
Ayuntamiento De Alegria-Dulantzi insta al Gobierno de España a emprender las
medidas necesarias para frenar los procesos de ejecución hipotecaria en marcha
y evitar los desahucios., abordando la reforma urgente e inmediata de: “La ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil,
la ley de Regulación del Mercado Hipotecario, la Ley de Disciplina e Intervención de la entidades
de crédito y la Ley
de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios”.
2. El
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta al Gobierno de España a que con el stock
de viviendas que vayan a pasar al conocido como banco malo se pueda crear una agencia de vivienda pública que pueda
servir al Estado para impulsar el alquiler social para todas aquellas personas
que no puedan hacer frente a su hipotecas.
3. El
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta al Gobierno Vasco a que en el marco de
sus competencias y dentro de su marco normativo continúe con los servicios de
información, asesoramiento, acompañamiento y mediación específicos para
intervenir en los procesos de negociación de créditos, liquidación de deuda o
renegociación de nuevas hipotecas para que no produzca ni un desahucio mas en
nuestra Comunidad Autónoma y a que impulse las iniciativas legislativas que
sean necesarias para que aquellas personas con bajos ingresos o en paro que se
vean imposibilitadas para pagar las hipotecas de sus viviendas habituales no
puedan ser desalojadas de sus casas.
4. El
Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi insta al Gobierno Vasco a que contemple como
preferentes y con un baremo especial en la adjudicación de las viviendas del
Parque público en alquiler, a todas aquellas personas y familias con hijos de la Comunidad Autónoma
Vasca que con bajos ingresos o en paro no pueden pagar las hipotecas de sus
viviendas habituales, y que como consecuencia de ello están siendo
desahuciadas.
5. El
Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi se compromete a brindar asesoramiento jurídico
gratuito a quienes lo requieran, a adoptar medidas urgentes especialmente
dirigidas a todas aquellas personas y familias con hijos que puedan verse
afectadas por el desahucio de un inmueble en nuestro municipio.
6. El
Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi retirará sus fondos municipales (cancelando
las cuentas) y dejará de realizar depósitos u operaciones de crédito con
aquellas entidades financieras de Alegria-Dulantzi que lleven a efecto el
desahucio de algún vecin@ del municipio.
7. El
Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi notificará por carta a los directores de las
entidades financieras en las que el Ayuntamiento tenga cuenta la decisión
adoptada.
8. Dar
traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio
de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios
del Congreso y el Senado, al Gobierno Vasco, al Parlamento Vasco, a las
asociaciones de usuarios bancarios (ADICAE, AUSBANK etc.) y a todas las
Plataformas creadas para paralizar los Desahucios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario