Las sospechas sobre clientelismo político y espionaje practicados por militantes o cargos de confianza del PNV se extienden a medida que avanzan la investigación judicial y las parlamentarias, mientras el partido afectado se limita a obstaculizar esas tareas.
Las Juntas Generales ya han establecido su criterio, asumiendo que todavía hay asuntos que se podrían seguir investigando. Y es un criterio compartido por todos los grupos, excepto el PNV, que cree que es una “manipulación” la constatación de irregularidades en el “caso Zambrana”, aunque esas irregularidades las vean todos los grupos menos ellos. Dice el PNV que no hay “ilegalidad”, porque no acaba de entender que las comisiones de investigación de los legislativos no dirimen “ilegalidades”, sino responsabilidades políticas.
El Parlamento vasco, por mandato de todos los grupos excepto del PNV, sigue intentando ver hasta dónde llegó el espionaje, y cómo empezó el asunto, con una denuncia de una persona que no era ajena a la forma de adjudicar contratos en Miñano. Al PNV no le interesa fiscalizar esta actuación, pero sí la de los medios de comunicación que llevan un año informando de esta red de asuntos.
El PNV pretende impedir que se conozca cómo gestionaba los recursos públicos, para qué concedía contratos y dinero público a empresas creadas ad hoc bajo la titularidad de las esposas de los cargos que, precisamente, otorgaban los contratos y el dinero, sin que todavía se sepa dónde están los trabajos contratados
Cada paso en la investigación amplía las sospechas ( consultar información en http://elmundo.orbyt.es/2011/03/27/elmundo_en_orbyt/1301250071.html).
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